Santo Domingo. – Foro Ciudadano y las organizaciones y colectivos sociales que le componen criticaron este martes la aprobación hecha por el Congreso Nacional al Presupuesto General del Estado de 2017 (PGE 2017), tras la solicitud realizada por el poder ejecutivo de modificar la ley No. 690-16.
El grupo califica esta acción como una demostración de un ejercicio del poder violatorio a todo ordenamiento jurídico aplicable, además de considerar que representa la legalización de un gasto que ya fue ejecutado, reduciendo al Congreso Nacional a un rol de “sello gomígrafo”.
Concretamente, con este proyecto de ley se viola la Constitución de la República, la ley No. 423-06 Orgánica de Presupuesto, ley No. 6-06 de Crédito Público, ley No. 690-16 de PGE 2017 y hasta el propio Decreto Núm. 15-17, del 8 de febrero del presente año, añaden.
Derechos sociales vs clientelismo político
“La modificación presupuestaria recién aprobada por el Congreso Nacional es la muestra más fehaciente de que la alegada ausencia de recursos para atender necesidades urgentes en sectores empobrecidos, como viviendas dignas para miles de familias albergadas ¨temporalmente¨ desde hace décadas, constituye realmente la expresión de lafalta de compromiso político en garantizar derechos, primando en su lugar el fomento de labores clientelares y dispendio generalizado de recursos públicos”, cuestiona Foro Ciudadano.
De igual forma, califican de cuestionable la reducción neta en más de RD$ 2,500 millones del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mientras se incrementan recursos por RD$ 150 millones al Senado de la República y RD$ 215 millones a la Cámara de diputados, en ambos casos se justifica el aumento como ¨elaboración y aprobación de leyes¨.
Además, se reconocen compromisos financieros extrapresupuestarios asumidos por el gobierno dominicano por valor de RD$8,000 millones, los cuales fueron fruto de una operación de crédito público que no estuvo contemplada en la Ley de Presupuesto 2017, ni fue aprobada por el Congreso Nacional, aseguran.
El colectivo denuncia que “se están alteran las condiciones de pago este financiamiento: en lo inmediato el Estado asume pagar RD$2,066 millones en intereses y se compromete a pagar RD$6,400 millones adicionales en los próximos años. Advertimos que la medida es violatoria al artículo 93.1.j de la Constitución, respecto a que el Congreso Nacional solo debe intervenir en lo relativo a aprobar o desaprobar los créditos y préstamos del Poder Ejecutivo”.
Sobre el motivo de este financiamiento extrapresupuestario, se alegan los daños causados en las zonas afectadas por las lluvias de noviembre de 2016, viéndose la obligación de tomar prestado al Banco Central, al Banco de Reservas y el Ministerio de Hacienda. Sobre esto el colectivo ve como sorprendente la falta de visión integral de la reducción de riesgos ante desastres y la rigidez existente en la planificación presupuestaria.
“Es importante recordar que cuando ocurrían las referidas lluvias en la zona norte del país en noviembre del año 2016, se estaba justamente conociendo en el Congreso Nacional el entonces proyecto de presupuesto para el año 2017. Ante la situación que ya se veía venir, no se tomó en el aquel momento ninguna medida para garantizar recursos del propio presupuesto público para enfrentar los daños generados por las lluvias”.
aseguran es ilegal incrementar las apropiaciones presupuestarias de las aplicaciones financieras. La ley orgánica de presupuesto en el Párrafo III, artículo 47 señala que “ningún organismo incluido en el régimen de programación periódica de la ejecución del presupuesto podrá comprometer gastos, si previamente no ha recibido la respectiva cuota periódica”, lo cual a su vez es recogido en el Decreto Núm. 15-17.
Contradicciones y falta de transparencia en lo gastado para Punta Catalina
Sobre este tema, el colectivo llama pide esclarecer sobre la contradicción en el artículo 6, en el cual se solicita autorización para incrementar las fuentes de financiamiento en un monto de RD$29.5 mil millones, incluyendo US$500 millones de dólares (alrededor de $24.1 mil millones de pesos) colocados por el gobierno en bonos soberanos para ser utilizados en el Proyecto de Construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Sin embargo, en el Cuadro No. 6-Fuentes Financieras Externas, solo se consigna un monto de RD$10.1 mil millones, para un faltante de RD$13 mil millones provenientes de los bonos. Por otra parte, al considerar los incrementos en Administración de obligaciones del Tesoro, se sabe que hay alrededor de RD$ 24,000 millones para Punta Catalina, pero a la vez se desconoce el destino de otros RD$ 21,000 millones que no serán destinados también para la referida planta de carbón o si se gastará en los demás rubros de obligaciones del tesoro (pensiones, subsidios y transferencias de capital a la CDEEE).
Finalmente, Foro Ciudadano llama al Gobierno dominicano a explicar a la población cuál es el monto total de recursos extrapresupuestarios que se llevará Punta Catalina en el año 2017.