Por tanto, insisten en que la Junta Central Electoral no solo no debe pagar la suma reclamada por la empresa española INDRA, sino que debe demandar a esta empresa para que devuelva el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, “cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de 2016”.
En un documento enviado a la prensa, los partidos opositores afirman que el informe publicado por el departamento de Informática ha confirmado que la Junta Central Electoral, renunciando a sus deberes constitucionales y en violación e incumplimiento de la propia ley que la rige (275-97) y de sus reglamentos, no tuvo el control del proceso electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función esencial del control de los votos en los tres niveles de elección a la empresa española INDRA.
“Tomando en consideración las informaciones hechas de público conocimiento del Informe del Departamento de Informática de la JCE sobre el uso de los equipos para el registro de concurrentes y el escrutinio de los votos de los colegios electorales de las elecciones generales del 15 de mayo de 2016 acerca de la compra y uso de equipamiento electrónico para las elecciones generales del 16 de mayo de 2016, los partidos de la oposición política consideran que amerita que este hecho no que sin consecuencias”, resaltan.
Reiteraron que el pueblo y el Estado dominicano, por vía de la Junta Central Electoral, han sido estafados mediante la adquisición de tecnología y de escáneres que demostraron ser inservibles, tanto para el proceso electoral pasado, como para ser eventualmente utilizados en venideros procesos entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de 2016