“A pesar de la decisión de anoche, debemos seguir insistiendo en que lo sensato, lo conveniente y lo más consistente que podría hacer esta administración es mantener las protecciones que se han otorgado”, enfatizó en entrevista con Efe Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza América.
Según datos del Gobierno de Estados Unidos de finales de 2016, existen 86.000 hondureños y 263.000 salvadoreños amparados con un permiso temporal de residencia que podrían perder en el primer semestre de 2018, si el Congreso no emprende una acción legal como único recurso.
El activista considera que además es importante “redoblar esfuerzos frente al Congreso para que resuelva algo que han permitido por tanto tiempo sin una solución sensata”.
No son temporales
Chacón insistió en que personas que han vivido en el país “por tres, cuatro, cinco o más años ya no son temporales”.
“Son parte de nuestro tejido social, cultural, económico y por lo tanto debería de existir un mecanismo para que se les permita acceder a la residencia permanente”, enfatizó el activista.
Por su parte, Nicolasa R., una hondureña que recibió el beneficio hace cerca de 15 años y es madre soltera de dos niñas, de 12 y 10 años, no vislumbra su vida en su país sola con sus hijas.