SANTO DOMINGO. Un nuevo giro que podría culminar en los tribunales y que ya ha tocado las puertas de la embajada de España en el país, ha tomado el caso de los equipos tecnológicos utilizados en las pasadas elecciones, cuya funcionalidad ha sido puesta en dudas por un informe de la Junta Central Electoral (JCE).
La situación se registra en momentos en que la empresa Indra Sistema que suplió la tecnología a la JCE, reclama el pago pendiente de US$13.9 millones, bajo reservas de interponer cualquier acción legal a fin de restituir sus derechos y proteger la inversión realizada; así como “garantizar un tratamiento justo y equitativo en el territorio de la República Dominicana conforme a las disposiciones y términos del Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Dominicana”.
En carta dirigida el 17 de octubre pasado al presidente de la JCE, Julio César Castaños, aducen que han tratado de resolver el impago de forma amigable, sin avance alguno.
El reclamo fue conocido ayer por el Pleno del organismo de elecciones que decidió comunicarle a la empresa que decidirá sobre el pedimento, tan pronto reciba el informe final de la investigación a cargo de la Cámara de Cuentas.
El caso dio lugar a que el pasado lunes se registrara una reunión en la embajada de España, entre los miembros del Pleno de la JCE, los ejecutivos de Indra Sistema y el embajador Alejandro Abellán García de Diego. Tras dicho encuentro, los integrantes de la JCE salieron a reunirse de urgencia en un Pleno extraordinario donde acordaron remitir el informe técnico sobre los equipos, a la Cámara de Cuentas y a la empresa Indra; “para los fines correspondientes.”
En momentos en que Indra Sistema advierte con proceder por las vías legales, ya sectores han iniciado acciones en torno al caso de los equipos suplidos y su precario desempeño.
Una denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía del Distrito Nacional por el dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara, contra la pasada gestión de la Junta, encabezada por su entonces presidente, Roberto Rosario, a quien acusa de haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Mientras ayer dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), realizaron un piquete ante el edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República solicitando el sometimiento a la justicia de Rosario. Le imputan realizar una compra innecesaria de equipos por US$37.9 millones, los cuales no están aptos para futuros procesos.
“Este derroche de dinero se da en momentos en que la economía del país está pasando por una grave crisis. Roberto Rosario es el principal responsable de esa problemática, ya que fue él personalmente quien asumió la defensa y compra de esos escáneres, a una empresa como Indra, sometida a la justicia por corrupción”, dijo Grabiel Sánchez, en representación del grupo.
También el diputado perremeísta Víctor D’Aza pidió al pleno de la Cámara de Diputados investigar las supuestas irregularidades en el funcionamiento de los equipos.
Actualmente la Cámara de Cuentas realiza una investigación especial al estatus y situación financiera entre la JCE y la empresa Indra Sistema. En un informe provisional concluyó que no hubo irregularidades, ni en la licitación pública ni en los pagos realizados a la empresa internacional.
Ante los cuestionamientos, Rosario, expresidente de la JCE, aseguró que en el momento oportuno se referirá al caso. Entretanto, solicitó al Pleno del organismo copia del acta certificada donde fue aprobado el “Informe sobre los Equipos Adquiridos en las Elecciones del 2016”.
En torno a la solicitud, ayer el secretario de la JCE, Hilario Espiñeira Ceballos, respondió mediante una comunicación que el Pleno se abocará a su conocimiento cuando reciba el dictamen definitivo de la auditoría a cargo de la Cámara de Cuentas. Envió copia del informe y otros documentos.
Luego de la respuestas de la JCE, Rosario colgó en su red social de Twitter que “la comunicación se basta por sí misma, me reservaré mis comentarios”.