SANTO DOMINGO. La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó la prisión preventiva por un año en contra Ángel Rondón, y de nueve meses para Víctor Díaz Rúa, y varió las medidas cautelares a siete de los 10 implicados en el expediente de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht que apelaron la medida de coerción impuesta por el juez Francisco Ortega el pasado 7 de junio.
El tribunal también ratificó la fianza, presentación periódica e impedimento de salida contra el legislador Alfredo Pacheco.
El fallo declaró bueno y válido en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos por Angel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Alfredo Pacheco, y en cuanto al fondo rechazó por mayoría de votos los referidos recursos. En consecuencia, confirma en cuanto a estos imputados las medidas de coerción impuestas las cuales son revisables cada tres meses.
Asimismo, el tribunal declaró buenos y válidos los recursos de apelación de Temístocles Montás, Radhamés Segura, Andrés Bautista, Ruddy González, Conrado Pitaluga, Máximo D´Oleo y César Sánchez en cuanto a la forma y en cuanto al fondo acogió parcialmente los referidos recursos.
En consecuencia, el tribunal dispuso arresto domiciliario por nueve meses en contra de Conrado Pitaluga, en sustitución de la prisión preventiva que había dictado el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, por el mismo periodo.
En cuanto a Radhamés Segura, Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González el fallo dispone el pago de una fianza de 15 millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida y la presentación periódica el primer lunes de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) por espacio de nueve meses.
César Sánchez fue favorecido con el pago de una fianza ascendente a RD$10 millones, impedimento de salida del país y la presentación periódica el primer lunes de cada mes ante el PEPCA por nueve meses.
A Máximo D´Oleo le fue impuesto el pago de una fianza de RD$5 millones, impedimento de salida del país y la presentación periódica el primer lunes de cada mes ante el PEPCA por nueve meses.
El fallo establece que la decisión contiene los votos disidentes de los magistrados Esther Casasnova e Hiroito Reyes de forma parcial y de la magistrada Miriam Germán Brito de forma íntegra.
Asimismo, la sentencia exime a los recurrentes del pago de las costas del proceso por tratarse de una decisión sobre medida de coerción.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia fijó la lectura íntegra de la decisión para el miércoles 19 de julio, a las 9:00 de la mañana.
La audiencia este sábado, en la que se desarrolló la fase de contestación y réplicas por parte del Ministerio Público y los abogados de los imputados, se inició a las 9:30 de la mañana y finalizó próximo a las 12:00 de la medianoche tras la lectura del fallo y la exposición de las justificaciones de parte de los jueces.
Tras varios recesos y horas de debates, el tribunal compuesto por los magistrados Miriam Germán Brito, quien lo preside; Esther Agelán Casasnovas, Juan Hirohíto Reyes, Frank Soto y Alejandro Moscoso Segarra, se retiró a deliberar por casi cinco horas.
Durante las primeras horas se produjeron momentos de tensión en los que abogados de las barras de las defensas de los imputados y el Ministerio Público sostuvieron intercambios de palabras que debieron ser moderados por la magistrada Miriam Germán Brito.
El momento más acalorado ocurrió cuando abogados del exministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás y representantes del Ministerio Público sostuvieron una breve discusión en la que ambas partes se instaron a callarse.
Ruddy González admite recibió recursos
Al intervenir en la audiencia, el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ruddy González, dijo que recibió fondos para su campaña en dos ocasiones del empresario Ángel Rondón, al que definió como un amigo. El exlegislador dijo que la ley 275-97 se lo permite.
Asimismo explico que votó a favor de Punta Catalina porque entendía que se trata de una solución al problema energético del país que sufre desde hace más de 30 años, tras negar que su decisión haya sido influida por sus lazos de amistad con Ángel Rondón.
Ángel Rondón, identificado por el Ministerio Público como el “hombre del maletín” en el caso de los sobornos de Odebrecht, mantuvo su posición de que no ha sobornado a nadie.
Mientras que el empresario Ángel Rondón reiteró que no ha dado sobornos al decir que “nunca he sobornado ni a legislador ni a empresario, y si esto es política magistrada está audiencia habría que celebrarla en el Estadio Quisqueya”, dijo Rondón en una breve intervención previa a un receso de 10 minutos ordenado por la magistrada Miriam Germán Brito pasadas las 11:00 de la mañana.
El exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresa Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, fue sometido a varias pruebas médicas en una sala contigua a la que se realizaba la audiencia, donde su equipo médico evaluó el estado de Sánchez, quien está aquejado de complicaciones de salud.
En horas de la tarde, Andrés Bautista aseguró que al Ministerio Público no le interesa saber cuándo y quiénes aprobaron la inmensa mayoría de los contratos de Odebrecht en el Senado de la República.
De su lado, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) imputado por el caso Odebrecht, Juan Temístocles Montás, cuestionó que las autoridades judiciales lo inculparan en el expediente de soborno sin la debida investigación y acusó a la Procuraduría de no actuar con profesionalidad y responsabilidad.
En tanto que César Sánchez y Máximo De Óleo recibieron tres meses de prisión preventiva. A Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández, el juez les impuso prisión domiciliaria por nueve meses.
Por su lado, los legisladores Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria cumplirán presentación periódica, fianza de RD$5 millones e impedimento de salida.
La constructora Odebrecht admitió que pagó RD$82 millones a funcionarios y legisladores para la adjudicación de obras en República Dominicana.