SANTO DOMINGO. Por las implicaciones de figuras públicas que, por los cargos que desempeñan gozan de fuero privilegiado, el caso Odebrecht se conoce en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Los jueces de la Segunda Sala o Sala Penal serán los responsables de instruir el caso y decidir si hay elementos suficientes para una condena. En dicho tribunal sobresalen las sentencias de descargo en la mayoría de los casos de corrupción que le ha tocado decidir en los últimos años.
Juez miembro de la Segunda Sala. Es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Fue Fiscal Adjunto del Procurador Fiscal del Distrito Nacional (1996-2000); Procurador General Adjunto y director de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja de la Procuraduría General de la República.
En 2014 emitió sentencia, como juez de instrucción especial, en favor de que se levantara la nota de advertencia y oposición a los bienes del senador por San Juan, Félix Bautista, cuando fue acusado de corrupción y lavado de activos por el Ministerio Público. Del caso del senador, Soto Sánchez declinó conocer un recurso para que se le inmovilizaran los fondos. Fue de los que emitió el Auto de no Ha Lugar con el que se cerró el caso de Bautista; favoreció el archivo del caso contra el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y fue uno de los tres jueces que anuló una sentencia que ordenaba apertura a juicio por prevaricación y desfalco en Bienes Nacionales contra Elías Wessín Chávez, en 2014.
Es juez de carrera, miembro de la Segunda Sala. En su perfil se destaca que es doctora en Derecho de la Universidad Central del Este, obteniendo su título en 1985. Tiene doctorado en Sociedad Democrática y Estado de Derecho de la Universidad del País Vasco y maestría en Derecho (LLM, Lawyer Law Máster) en la Universidad de Puerto Rico.
Ingresó a la carrera judicial en 1998 como Jueza de Paz para Asuntos Municipales de Villa Mella, ocupó la posición de Jueza de la Instrucción, Presidenta del Primer y Tercer Tribunal Colegiado, Jueza de la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia.
En el caso contra el exministro Díaz Rúa, votó disidente al archivo del expediente, y expuso, entre otras cosas, que no era posible alegar la clandestinidad de la investigación que planteó la defensa del imputado y que acogió el tribunal, ya que se comprobó que sí tenía conocimiento del proceso. En su voto, a favor de la casación del caso, también consideró que la Fiscalía no violentó precepto alguno al declarar la inmovilización de los fondos a Díaz Rúa, pues es del criterio de que la acción se puede realizar sin la notificación previa de la persona investigada. También votó en contra del Auto de No Ha Lugar a favor del senador Félix Bautista.
Es la presidenta de la Sala Penal y Segunda Sustituta de Presidente de la Suprema.
En el perfil público que tiene la Suprema Corte de Justicia dice que es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), título que obtuvo en 1972. También que es jueza de carrera desde 1974 y que fue Jueza Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito.
En el caso que presentó la Fiscalía del Distrito contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa por corrupción, que terminó con la ratificación del archivo del expediente de parte de la Sala, Germán Brito votó disidente. En su voto planteó que el expediente fuera casado para que otro tribunal lo conociera y calificó de incorrecta (entre otras cosas) la declaratoria de nulidad de los proceso de investigación bajo el alegato de que al imputado no se le había comunicado la inmovilización de sus bienes porque. a su entender, en materia de lavado no exige la previa notificación o participación de las personas a las que se les embargan sus bienes.
La jueza también votó disidente cuando la Sala emitió un No Ha Lugar en el caso de corrupción instrumentado por el Ministerio Público contra el senador Félix Bautista.
Pidió al presidente de la Suprema que no la tomen en cuenta en el caso Odebrecht.
Es miembro de la Segunda Sala. Licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, graduado en 1990. Tiene maestría en Derecho, Legal Law Magistri (LLM) Universidad de Puerto Rico, concentrada en Derecho Penal y Procesal Penal, Magna Cum Laude.
Fue abogado ayudante del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, 1993-1998; Juez de la Séptima Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 1998-2003; Segundo Sustituto de la Presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, 2003-2011.
Fue uno de los que falló a favor del Auto de No Ha Lugar en el caso contra Félix Bautista, y del archivo de Díaz Rúa. Reyes conoció, como juez de instrucción especial, el expediente contra el senador por Higüey, Amable Aristy Castro, por supuesta corrupción cometida cuando estuvo al frente de la Liga Municipal Dominicana (LMD). Alegó, en su decisión, que la revocación del archivo dispuesto por un tribunal, era inconstitucional, puesto que el Ministerio Público había iniciado otra investigación previa, que archivó, con los mismos hechos.
Favoreció en 2014 la anulación de la sentencia que ordenaba apertura a juicio por prevaricación y desfalco en Bienes Nacionales contra Elías Wessín Chávez.
Juez miembro de la Segunda Sala o Sala Penal.
Se graduó de Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha realizado estudios de Posgrado en “Especialistas en estudios judiciales” magna cum laude en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, curso de Post Grado en” Derecho Constitucionales y Derechos Fundamentales” en la Universidad Castilla La Mancha, Toledo y tiene Maestría en Derecho Constitucional en la PUCMM.
Fue seleccionado como Juez de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura el 22 de diciembre de 2011, según se indica en el perfil que hace público la Suprema Corte de Justicia.
Moscoso Segarra ha ocupado los cargos de Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional; Procurador General Adjunto de la República; Director de la revista “Ministerio Público”, Juez Suplente de la Junta Central Electoral; Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia; Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal.
Fue quien instruyó el caso del senador Félix Bautista y los demás coimputados de corrupción, dictando un Auto de No ha Lugar, que justificó en una doble persecución.
En 2012, conoció la orden de prisión preventiva en contra de Amable Aristy Castro, por supuesta corrupción en la LMD, y decidió dejarlo en libertad, porque consideró que no representaba peligro de fuga. También favoreció el descargo de Elías Wessín Chávez y el archivo del caso Díaz Rúa.